En los últimos años, la participación pública en ciencia se ha convertido en una especie de mandato: hay que crear engagement, co-crear, demostrar impacto social. Si la participación se ha vuelto norma, necesita un escrutinio ético a la altura. ¿Cuándo es realmente deseable? ¿Para quién produce beneficios? ¿Y qué costes invisibles deja en el camino?
Este post se basa en un estudio del proyecto INSIGHT, construido a partir de 17 entrevistas semiestructuradas llevadas a cabo entre 2023 y 2024 con profesionales de la comunicación científica y participación que trabajan en instituciones académicas, financiadoras, museos y organizaciones del tercer sector del Reino Unido.
El artículo identifica dos tensiones principales que ayudan a entender la necesidad de una participación responsable, justa y sostenible.
De la participación por defecto a la participación con sentido
El auge de la participación pública ha aumentado su aceptación, pero también la conciencia de que esta práctica no es buena per se y puede tener efectos nulos o incluso negativos. Algunas personas entrevistadas cuestionaron que participar sea siempre deseable, especialmente cuando la ciencia puede ser dañina o cuando no hay beneficios tangibles para quienes participan.
Durante las entrevistas, la ética se redefine para vincularse a valores como respeto, reciprocidad y reconocimiento de diferentes formas de conocimiento y experiencias vividas. En esta línea, algunos profesionales describen la participación como una herramienta para abordar injusticias históricas, como romper silencios sobre ciencia colonial en museos o diseñar actividades que no reproduzcan exclusiones.
Se alerta también sobre el riesgo de convertirse en voces acríticas (cheerleaders) de la investigación y de asumir objetivos que responden más a prioridades institucionales o de financiadores que a necesidades sociales. Por ejemplo, programas de fomento de vocaciones científicas que no abordan sus implicaciones sociales, o iniciativas diseñadas para cumplir convocatorias más que para responder a necesidades reales de los públicos.
Además de sus efectos sobre los públicos, las entrevistas invitan a reflexionar sobre el impacto de la participación en la propia carrera investigadora. Por un lado, se señala que sus beneficios para la comunidad investigadora (visibilidad, promoción profesional, impacto) no deben confundirse con los beneficios para la sociedad. En este sentido, se cuestiona si sistemas de evaluación, como el Marco de Excelencia en la Investigación (REF) del Reino Unido, pueden incentivar un uso instrumental de la participación como generador de métricas de impacto, en lugar de como un espacio de diálogo genuino.
Pero, aunque la participación puede apoyar trayectorias profesionales, también puede perjudicarlas, ya que consume tiempo, aumenta el estrés y sigue sin reconocerse al nivel de la docencia o la investigación. Esto es especialmente relevante en el caso de personal investigador de grupos infrarrepresentados (por ejemplo, ingenieras), sobre quienes una carga desproporcionada de estas actividades puede reducir el tiempo disponible para tareas más valoradas en su promoción profesional.
En este contexto, los profesionales de participación no actúan como facilitadores neutrales, sino como mediadores que deben regular el entusiasmo del personal investigador, evaluando si las actividades ayudan, no cambian nada o pueden empeorar la situación del público, el personal investigador y la relación ciencia-sociedad.
Nuevos riesgos en la era de la co-creación
La segunda tensión gira en torno a un cambio estructural: cada vez se destina más financiación a la investigación participativa, co-creada o co-producida, a costa de otros tipos de participación más genéricos o tradicionales.
Este giro plantea nuevos retos éticos, como la posible pérdida de empleo y conocimiento especializado. Muchos profesionales del área dependen de fondos externos y contratos a corto plazo. Cuando un financiador decide virar hacia un nuevo modelo, los puestos de trabajo asociados a los enfoques anteriores desaparecen. El mayor riesgo identificado es la pérdida de profesionales con décadas de experiencia acumulada. Con la salida de estos perfiles, las instituciones pierden un conocimiento clave sobre cómo manejar las complejidades sociales y culturales de la ciencia, viéndose obligadas a reconstruirlo una y otra vez.
También aumenta el riesgo de prácticas extractivistas, ya documentadas en ciencia ciudadana, donde las comunidades aportan datos o ideas sin recibir apoyo ni beneficios duraderos.
En este clima, los profesionales de la participación viven una tensión constante entre vocación ética y profesionalización, donde su compromiso con los valores del campo favorece la tolerancia a condiciones laborales precarias.
Hacia una participación pública ética y sostenible
Los resultados de este estudio coinciden con investigaciones anteriores que sugieren que hay que favorecer condiciones estructurales que estimulen una participación social en ciencia ética, sostenible y en base al conocimiento acumulado en las instituciones. Eso exige, a la vez:
- Profesionales con autonomía para hacer preguntas incómodas y actuar como mediadores éticos en un ecosistema con incentivos a veces contradictorios.
- Financiadores que prioricen la calidad de la relación ciencia-sociedad por encima de los “formatos de moda”.
- Instituciones que reconozcan y sostengan el trabajo experto que mantiene una participación viva y justa, que no derive en extracción ni en vínculos fugaces.